El financiamiento de litigios en Chile: Un impulso para el acceso a la Justicia
El financiamiento de litigios, también conocido como third party funding (TPF), ha emergido como una herramienta clave en el ámbito legal, especialmente en países como Chile. Este modelo de financiamiento permite que los demandantes obtengan el capital necesario para llevar a cabo sus litigios sin tener que asumir el riesgo económico total de la disputa. Con el respaldo de fondos especializados, como Loopa, este tipo de financiamiento ha permitido que muchos casos que de otra manera habrían sido desestimados o abandonados por falta de recursos, puedan seguir adelante. El financiamiento de litigios abre la puerta a una justicia más accesible y equitativa, permitiendo a individuos y empresas buscar una resolución en casos de gran envergadura, incluso contra entidades con recursos mucho mayores.
Historia del Third Party Funding en Chile
El concepto de third party funding comenzó a tomar relevancia en Chile en la última década, cuando la necesidad de opciones de financiamiento para casos judiciales más complejos comenzó a ser más evidente. En este contexto, Qanlex, ahora Loopa, fue uno de los primeros fondos en introducir este modelo en el país, destacándose por su enfoque innovador y su capacidad para ofrecer soluciones a clientes que, de otra forma, no hubieran podido afrontar los altos costos de un litigio prolongado. Qanlex comenzó sus operaciones en Chile, ofreciendo financiación a empresas y particulares involucrados en disputas legales, ya sea en tribunales judiciales o en arbitrajes. La clave de su éxito radicó en la flexibilidad del modelo de financiación y en el diseño de acuerdos que se adaptaban a las necesidades particulares de cada caso. Desde su llegada, Loopa ha trabajado para garantizar que el acceso a la justicia no dependa únicamente de la capacidad financiera de los demandantes, sino de la solidez de sus reclamaciones y la probabilidad de éxito de los litigios.
El marco legal para el TPF en Chile
En Chile, el marco legal que respalda el financiamiento de litigios se basa en los principios del derecho continental, que regula las relaciones entre las partes bajo el principio de autonomía de la voluntad. Esto significa que las partes involucradas en el financiamiento de un litigio, ya sea un fondo de inversión o el propio demandante, tienen la libertad de acordar los términos del acuerdo de manera privada, siempre que no contravengan normas de orden público. En este contexto, el modelo de third party funding se basa en acuerdos privados, donde el financiador proporciona el capital necesario para el litigio a cambio de una participación en los beneficios obtenidos si el caso tiene éxito. Este tipo de acuerdo es equiparable a la práctica de la cuota litis, utilizada tradicionalmente por los abogados para financiar los gastos de un litigio a cambio de un porcentaje del monto recuperado. La cesión de derechos litigiosos es una de las claves del sistema, ya que el financiador adquiere el derecho a un porcentaje de la compensación económica derivada del caso, lo que lo convierte en una inversión con alto potencial de rentabilidad, aunque con riesgos inherentes.
La aplicación del TPF en el arbitraje
El arbitraje ha sido tradicionalmente un método preferido de resolución de disputas en Chile, especialmente en el ámbito comercial e internacional. Los centros de arbitraje como la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y la Corte de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) se han consolidado como puntos clave para la resolución de conflictos, siendo reconocidos internacionalmente por su eficiencia y profesionalismo. El third party funding en el arbitraje ofrece una oportunidad única para las partes involucradas en disputas complejas y de alto valor económico. La posibilidad de financiar el arbitraje permite a las empresas y particulares centrarse en sus reclamos sin tener que preocuparse por los elevados costos procesales. Loopa, por ejemplo, tiene una destacada experiencia en arbitrajes internacionales, trabajando con abogados especializados para asegurar que los casos se resuelvan de la manera más favorable posible, garantizando una participación en los resultados económicos obtenidos.
La financiación en litigios judiciales: solución a la larga duración de los casos
En Chile, los litigios judiciales, especialmente aquellos que involucran reclamaciones comerciales o contra el Estado, pueden extenderse por varios años. Los costos asociados a estos casos pueden ser prohibitivos, especialmente en procesos judiciales que se dilatan en el tiempo debido a la complejidad de los procedimientos y la congestión en los tribunales. Loopa, al igual que otros fondos de financiación de litigios, ofrece una solución clave en este escenario. El financiamiento permite a los demandantes obtener liquidez para cubrir los costos del litigio durante todo el proceso, mientras que el fondo asume el riesgo económico asociado a la prolongación del caso. Este modelo es particularmente útil en litigios contra el Estado, donde los procedimientos tienden a ser largos y los costos pueden acumularse rápidamente. Gracias al financiamiento de litigios, los demandantes pueden mantener el curso de su caso sin la presión de los costos inmediatos, maximizando sus posibilidades de éxito.
Conclusión: el futuro del financiamiento de litigios en Chile
El financiamiento de litigios ha demostrado ser una herramienta invaluable para democratizar el acceso a la justicia en Chile. Al proporcionar una solución de financiamiento flexible y sin riesgo para las partes involucradas, Loopa está cambiando la forma en que las personas y empresas abordan sus disputas legales. El marco legal chileno, basado en principios de derecho continental, ha permitido el desarrollo y la expansión de este modelo de financiamiento, mientras que su aplicación en arbitraje y litigios judiciales ha demostrado ser una respuesta eficiente y eficaz a la creciente demanda de acceso a la justicia. El futuro del financiamiento de litigios en Chile parece prometedor, con un panorama legal que continúa evolucionando y adaptándose a las necesidades de los litigantes. La capacidad de Loopa para financiar casos complejos y ofrecer soluciones de monetización para litigios largos coloca a este modelo como un componente clave para asegurar que los demandantes puedan buscar justicia sin verse limitados por sus recursos económicos.
