El financiamiento de litigios en Inglaterra
Inglaterra es una de las jurisdicciones pioneras en el desarrollo y consolidación del financiamiento de litigios por terceros. Su sistema legal, basado en el common law, y su posición como centro global de resolución de disputas han creado un ecosistema especialmente propicio para el litigation finance. Hoy, Londres no solo lidera el mercado europeo, sino que es también una referencia mundial en esta industria, atrayendo fondos internacionales, despachos especializados y demandantes de todo el mundo que buscan acceso a justicia sin necesidad de adelantar capital propio.
Una historia de liderazgo y evolución regulada
El desarrollo del third party funding en Inglaterra comenzó a consolidarse en la década del 2000, pero su historia se remonta a una evolución doctrinal más antigua. Durante siglos, el common law prohibía los acuerdos de financiamiento externo bajo los principios de maintenance y champerty, que buscaban evitar la intervención de terceros en litigios ajenos. Sin embargo, la creciente complejidad de los litigios modernos, junto con la necesidad de promover el acceso a la justicia, llevó a una interpretación más flexible de estas doctrinas. A partir de decisiones judiciales clave y cambios legislativos, el third party funding fue progresivamente despenalizado y reconocido como una práctica lícita, siempre que se respeten ciertos estándares éticos y de transparencia. En 2011 se creó la Association of Litigation Funders (ALF), organismo autorregulado que agrupa a los principales fondos del Reino Unido y establece directrices voluntarias de conducta para proteger a los demandantes y evitar conflictos de interés.
Marco legal: robusto, flexible y con estándares éticos claros
A diferencia de las jurisdicciones de derecho continental, Inglaterra ha desarrollado un marco normativo en base a precedentes judiciales y autorregulación del sector. Aunque no existe una ley específica que regule el third party funding, el ordenamiento jurídico inglés reconoce expresamente la validez de estos acuerdos, siempre que no vulneren el interés público ni los derechos del financiado. Los contratos de financiación suelen estructurarse con cláusulas que garantizan la confidencialidad, delimitan la participación del fondo en la toma de decisiones y regulan los eventos de éxito y pérdida. La ALF impone a sus miembros requisitos de capital mínimo, independencia respecto al control del litigio y mecanismos de resolución de disputas. Esto brinda seguridad jurídica tanto para el financiado como para el inversor, en un mercado que valora el cumplimiento riguroso de las obligaciones contractuales.
Arbitraje: Londres como epicentro global
Londres es uno de los principales centros de arbitraje internacional del mundo. Instituciones como la London Court of International Arbitration (LCIA) y el International Chamber of Commerce (ICC) —con sede operativa en la ciudad—, convierten a Inglaterra en una jurisdicción preferida para la resolución de disputas comerciales internacionales. La naturaleza privada y costosa del arbitraje hace que el third party funding sea particularmente útil en este contexto. La LCIA permite expresamente la participación de financiadores externos, y exige la revelación de su existencia para evitar conflictos de interés. Además, tribunales ingleses han respaldado la legitimidad del financiamiento en arbitrajes, reconociendo su rol en promover el acceso a mecanismos alternativos de justicia.
Litigios judiciales: monetización y cobertura en procesos complejos
En el ámbito judicial, el sistema inglés es conocido por su formalismo, rigurosidad probatoria y altos costos asociados. Aunque esto garantiza un elevado estándar procesal, también puede ser una barrera para muchos demandantes. Los procesos judiciales pueden extenderse durante años y generar gastos legales significativos, especialmente cuando se requiere la participación de expertos, discovery extensivo o recursos múltiples. En este contexto, el third party funding no solo cubre los costos legales, sino que también permite la monetización parcial del litigio, convirtiendo una expectativa futura en liquidez inmediata. Esto es especialmente valioso para empresas que necesitan mantener flujo de caja mientras se desarrolla el litigio, o para personas físicas con derechos reconocidos pero sin capacidad financiera para litigar hasta el final. Además, en Inglaterra es común que la parte perdedora pague las costas legales del vencedor. Por ello, muchos fondos también ofrecen after-the-event insurance (ATE), un seguro que cubre al demandante en caso de derrota. Esto convierte al litigation finance en una solución integral para litigar sin poner en riesgo el patrimonio del financiado.
Conclusión: un ecosistema líder y en expansión
Inglaterra representa el mercado más maduro y sofisticado de financiamiento de litigios en Europa. Su sistema jurídico confiable, su cultura de cumplimiento contractual y su rol central en el arbitraje y litigio internacional lo convierten en un terreno fértil para la expansión de modelos innovadores como el que propone Loopa. En este ecosistema, Loopa aporta tecnología, agilidad y una visión global para potenciar reclamos sólidos con respaldo financiero. Ya sea en arbitrajes complejos o litigios prolongados, la financiación de terceros es una herramienta esencial para transformar la incertidumbre legal en oportunidades concretas. En un mundo donde el acceso a justicia no debería depender del tamaño del bolsillo, Inglaterra demuestra que el litigation finance llegó para quedarse —y para liderar.
