El financiamiento de litigios en Puerto Rico
El financiamiento de litigios por terceros está ganando terreno como una herramienta eficaz para facilitar el acceso a la justicia y permitir que reclamos legítimos puedan avanzar sin depender de la capacidad financiera de los demandantes. En Puerto Rico, un territorio con un sistema jurídico híbrido que combina elementos del derecho civil y el common law estadounidense, el third party funding se encuentra en una etapa emergente, pero con un entorno legal y económico que lo vuelve cada vez más relevante. La complejidad de los litigios, la duración de los procesos y la influencia del sistema federal estadounidense abren un espacio de oportunidad para el desarrollo de este modelo.
Una historia reciente: la llegada gradual del third party funding
Históricamente, el concepto de financiamiento externo en litigios no fue común en Puerto Rico. La tradición jurídica de la isla, influenciada tanto por el derecho civil de raíz española como por el common law de Estados Unidos, mantuvo durante años una visión conservadora respecto de la participación de terceros en disputas legales. Sin embargo, en la última década, y en línea con la evolución del mercado legal estadounidense, se han registrado los primeros casos de utilización de third party funding, especialmente en litigios de gran envergadura, arbitrajes comerciales y demandas colectivas. Si bien todavía no existe una industria local consolidada de fondos de financiamiento de litigios, la experiencia de Loopa y otros actores internacionales abre la puerta a una expansión progresiva de este mecanismo. En un entorno con altos costos legales, largas esperas procesales y crecientes necesidades de liquidez, el litigation finance se presenta como una solución innovadora y oportuna.
Marco legal: entre el derecho civil y el common law
El ordenamiento jurídico de Puerto Rico es único en América Latina: aunque conserva su base civilista en muchas áreas del derecho privado, ha adoptado numerosos elementos del common law estadounidense, especialmente en materia procesal y comercial. Esta dualidad genera un entorno legal flexible, que permite la estructuración de contratos de financiamiento en armonía con los principios generales del derecho. El third party funding, al tratarse de un acuerdo privado entre partes, no se encuentra expresamente regulado ni prohibido por la legislación puertorriqueña. La libertad contractual, la cesión de derechos litigiosos y la estructuración de honorarios contingentes —ya contemplada en la práctica de cuota litis de los abogados— ofrecen un marco jurídico compatible con este tipo de financiamiento. Además, la jurisprudencia estadounidense, que influye de forma directa en la isla, ha validado y normalizado este tipo de acuerdos en múltiples jurisdicciones.
Arbitraje: una vía en crecimiento para el financiamiento externo
Puerto Rico cuenta con centros institucionales de arbitraje como el Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados de Puerto Rico, además de instituciones privadas que ofrecen servicios arbitrales tanto a nivel nacional como internacional. Si bien el arbitraje aún no tiene el mismo nivel de desarrollo que en otras jurisdicciones latinoamericanas, su uso se ha expandido notablemente en sectores como la construcción, energía, seguros y contratos comerciales complejos. El third party funding es particularmente útil en arbitrajes, donde los costos suelen ser altos y la duración puede extenderse por años. La participación de fondos externos permite que empresas y particulares con reclamos sólidos puedan afrontar el proceso sin comprometer su liquidez. Loopa, en este sentido, aporta experiencia internacional y respaldo financiero para potenciar la efectividad del arbitraje como alternativa real al sistema judicial tradicional.
Litigios judiciales: monetización frente a procesos largos y costosos
Los litigios judiciales en Puerto Rico, especialmente aquellos que se tramitan ante tribunales federales o que involucran al Estado, pueden extenderse durante años. A esto se suman los costos legales, que pueden resultar prohibitivos en casos complejos. En este contexto, el financiamiento por terceros cumple un rol clave: aliviar la carga económica del proceso y permitir que los demandantes puedan monetizar parcialmente su reclamo antes de obtener una sentencia firme. A diferencia de otras jurisdicciones latinoamericanas donde los costos legales suelen ser bajos, en Puerto Rico los honorarios de abogados, peritos y gastos judiciales pueden ser considerables. Esto convierte al litigation finance en una herramienta no solo para cubrir costos, sino también para transformar una expectativa futura en capital disponible hoy. Especialmente en litigios contra entidades públicas o en casos de difícil resolución, Loopa ofrece una solución estratégica para avanzar sin que el tiempo o el dinero se transformen en un obstáculo.
Conclusión: una jurisdicción híbrida con alto potencial
Puerto Rico representa un caso particular dentro del panorama latinoamericano: una jurisdicción con fundamentos civilistas, influencia del common law y acceso directo al sistema federal de Estados Unidos. Esta combinación crea un entorno legal y económico con alto potencial para el desarrollo del financiamiento de litigios. Loopa se posiciona como un actor clave para liderar esta evolución, aportando capital, know-how y tecnología en un mercado que demanda soluciones legales más ágiles y eficientes. En un contexto donde cada vez más litigios requieren estrategia financiera además de argumentos jurídicos, el litigation finance se vuelve una herramienta esencial para transformar la justicia en una realidad accesible. Puerto Rico está listo para sumarse a esta tendencia global.
