Financiamiento de litigios en República Dominicana
El financiamiento de litigios por terceros es una herramienta legal y financiera que está transformando el acceso a la justicia en muchas partes del mundo. Permite que una persona o empresa con un reclamo legítimo reciba el respaldo económico necesario para iniciar o continuar un proceso judicial o arbitral, sin asumir los costos del litigio por adelantado. En República Dominicana, este modelo comienza a ganar terreno como respuesta a las demoras estructurales del sistema judicial y la necesidad de soluciones que equilibren el acceso a los tribunales. Loopa, como fondo especializado, acompaña esta evolución, ofreciendo capital, análisis y soporte estratégico en litigios con mérito.
Historia del third party funding en República Dominicana
En República Dominicana, el concepto de third party funding todavía es incipiente. A diferencia de otros países de América Latina con mayor desarrollo en este ámbito, como Brasil o México, el modelo aún no está consolidado a nivel local. Sin embargo, hay un creciente interés entre abogados y empresas por explorar mecanismos alternativos de financiamiento que permitan avanzar en litigios complejos sin comprometer recursos propios. Este interés ha sido impulsado por dos factores clave. Por un lado, la duración de los procesos judiciales, que en ciertos casos puede superar los cinco o seis años; y por otro, la necesidad de liquidez que enfrentan muchos demandantes que, pese a tener un buen caso, no pueden afrontar los costos legales necesarios para hacerlo avanzar. Frente a este contexto, Loopa se presenta como pionero en la región, acercando una solución concreta y alineada con las mejores prácticas internacionales.
Marco legal: compatibilidad con el derecho continental
República Dominicana adopta un sistema de derecho civil o continental, de origen francés, lo que significa que los contratos entre partes son válidos siempre que no violen disposiciones expresas de la ley ni el orden público. En este marco, el third party funding se configura como un acuerdo privado lícito, que puede estructurarse conforme a la autonomía de la voluntad. El ordenamiento jurídico dominicano permite la cesión de créditos, incluyendo créditos litigiosos, lo cual resulta clave para estructurar acuerdos de financiamiento. Esta cesión puede utilizarse como garantía para el recupero del capital aportado, siempre que se respeten los principios procesales aplicables. Asimismo, la práctica de pactar honorarios en función del resultado —similar al modelo de quota litis— es aceptada en el país, lo que refuerza la compatibilidad del sistema con esquemas de remuneración condicionada al éxito. Así, el financiamiento ofrecido por Loopa se alinea plenamente con el marco jurídico dominicano, permitiendo operar con seguridad jurídica y transparencia.
Aplicación en arbitraje: un entorno con reglas claras
República Dominicana cuenta con una ley moderna de arbitraje, basada en la Ley Modelo de la CNUDMI, que regula los arbitrajes nacionales e internacionales. Esta legislación, junto con la adhesión del país a la Convención de Nueva York, crea un entorno favorable para la resolución de disputas fuera del sistema judicial tradicional. La Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y otras instituciones ofrecen servicios arbitrales activos. Aunque la participación de terceros financiadores aún no es habitual en el país, no existe ninguna norma que lo prohíba, y la evolución normativa internacional sugiere que el third party funding será cada vez más aceptado también en estos espacios. En este contexto, Loopa está en condiciones de financiar arbitrajes en República Dominicana, cubriendo no solo los costos legales, sino también las tasas institucionales, peritajes y demás gastos procesales. Esto permite que empresas o personas con reclamos sólidos puedan acceder al arbitraje sin verse limitadas por la falta de recursos.
Aplicación en litigios judiciales: monetizar el tiempo
Uno de los principales desafíos del sistema judicial dominicano es la duración de los procesos. Litigios civiles o comerciales pueden demorar varios años hasta llegar a una sentencia firme, especialmente en casos que requieren apelaciones o pasan por distintas instancias. Durante ese tiempo, el demandante debe sostener los costos del litigio sin garantía de éxito ni acceso a los fondos reclamados. Frente a esta realidad, el modelo de Loopa permite monetizar el tiempo: adelantando una parte del valor económico del reclamo, el cliente puede transformar un activo ilíquido en liquidez inmediata. Esta solución es particularmente útil en demandas contra el Estado, ejecuciones complejas, acciones colectivas o reclamos empresariales de gran cuantía. Además, el financiamiento permite mejorar la estrategia del caso, al posibilitar la contratación de abogados especializados, consultores técnicos o expertos financieros que fortalezcan la posición jurídica del cliente.
Conclusión: justicia con respaldo en República Dominicana
El sistema legal dominicano ofrece las condiciones necesarias para el desarrollo del financiamiento de litigios por terceros. Aunque el modelo aún está en una etapa temprana, su compatibilidad con el derecho civil, su utilidad en contextos de demora judicial y su aplicabilidad en arbitrajes convierten a República Dominicana en una jurisdicción con alto potencial de crecimiento. Loopa, como fondo especializado y con visión regional, está preparado para liderar este cambio. Ofrecemos capital, profesionalismo y compromiso para que cada reclamo con mérito pueda avanzar, sin que la falta de recursos sea un obstáculo. Porque en República Dominicana, como en todo el mundo, toda persona o empresa con un buen caso merece tener la oportunidad de hacerlo valer.
