Financiación de litigios en Uruguay: acceso al capital en una jurisdicción estable y previsible
Uruguay, reconocido por su solidez institucional, seguridad jurídica y entorno regulatorio confiable, ofrece condiciones ideales para el desarrollo de soluciones legales innovadoras. En este contexto, la financiación de litigios por terceros (third party funding) emerge como una herramienta eficaz para permitir que empresas y particulares con reclamaciones legítimas accedan a justicia sin comprometer su liquidez. Aunque todavía incipiente en el país, este modelo encaja perfectamente con el marco jurídico uruguayo. Loopa, como fondo especializado, se posiciona para liderar su desarrollo con estructuras profesionales y adaptadas a la normativa local.
Historia del third party funding en Uruguay: Loopa como pionero
A diferencia de otros países de América Latina con mayor exposición internacional, como Brasil o México, Uruguay aún no cuenta con una industria desarrollada de financiación de litigios. El modelo ha sido escasamente utilizado hasta hace unos años, en parte por falta de oferta estructurada y en parte por desconocimiento del mecanismo entre los operadores jurídicos. El concepto de third party funding comenzó a tomar relevancia en Uruguay en los últimos años, especialmente cuando la necesidad de soluciones de financiación para enfrentar litigios largos y costosos se hizo más evidente. Loopa, anteriormente conocida como Qanlex, fue uno de los primeros fondos en introducir este modelo en el país, marcando un hito en el financiamiento de litigios en Uruguay. Desde su llegada, Loopa ha trabajado para ofrecer soluciones de financiación flexibles, permitiendo que los litigantes puedan continuar con sus casos sin preocuparse por los costos inmediatos.
Marco legal: derecho civil y libertad contractual
Uruguay sigue un sistema de derecho civil, lo que significa que los acuerdos entre las partes se rigen por principios de autonomía y libertad contractual. Este marco es ideal para la implementación de la financiación de litigios, ya que permite que los litigantes y financiadores lleguen a acuerdos privados sobre los términos del financiamiento, sin intervención estatal, siempre que dichos acuerdos no contravengan las leyes de orden público. El third party funding en Uruguay funciona mediante acuerdos privados en los que el financiador proporciona el capital necesario para financiar el litigio, a cambio de una participación en los beneficios obtenidos si el caso tiene éxito. Este modelo es comparable con la práctica de la cuota litis, en la que los abogados asumen el riesgo de financiar el litigio a cambio de una parte de los beneficios obtenidos. Sin embargo, a diferencia de la cuota litis, en el TPF el financiador no es necesariamente un abogado y se limita a financiar el caso, asumiendo el riesgo económico del litigio. Esto permite que más personas y empresas puedan acceder a la justicia sin tener que asumir todo el riesgo financiero.
Aplicación en arbitraje: Uruguay como sede neutral y confiable
Uruguay ha dado pasos firmes hacia la consolidación de un entorno arbitral moderno. La Ley de Arbitraje Comercial Internacional (Ley Nº 19.636) está basada en la Ley Modelo de la CNUDMI, y el país es signatario de la Convención de Nueva York, lo que garantiza la ejecución de laudos internacionales. Instituciones como el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay promueven procedimientos rápidos, eficaces y con reglas claras, lo que convierte al arbitraje en una opción cada vez más utilizada en disputas comerciales, societarias y contractuales. Aunque la financiación por terceros aún no es habitual en arbitrajes con sede en Uruguay, su uso es perfectamente compatible con el marco jurídico vigente. Las reglas arbitrales no lo prohíben, y la tendencia regional e internacional es hacia su progresiva normalización. Loopa está preparada para financiar procedimientos arbitrales en Uruguay, cubriendo honorarios legales, tasas institucionales, gastos de peritajes, traducciones y demás costes procesales, permitiendo que las partes accedan a este mecanismo sin verse limitadas por la falta de recursos.
Aplicación en litigios judiciales: monetizar el tiempo y repartir el riesgo
El sistema judicial uruguayo, aunque bien valorado en términos institucionales, puede presentar demoras significativas, especialmente en litigios civiles y administrativos de alta cuantía o en procesos que implican al Estado. Estas demoras, unidas a los costes asociados al proceso, pueden representar una barrera real para los demandantes. En este contexto, el modelo de Loopa permite monetizar el litigio, es decir, adelantar una parte del valor estimado de la reclamación para que el cliente disponga de liquidez inmediata. Esta financiación puede utilizarse para sostener gastos operativos, reforzar la estrategia legal o simplemente reducir la presión financiera del proceso. Además, Loopa asume el riesgo: si el caso no prospera, el cliente no está obligado a devolver el capital recibido. Esto convierte a la financiación en una herramienta eficaz para repartir el riesgo jurídico y financiero sin perder el control del litigio.
Conclusión: una solución innovadora en una jurisdicción sólida
Uruguay combina estabilidad institucional, seguridad jurídica y un entorno normativo flexible, lo que lo convierte en una jurisdicción ideal para el desarrollo de modelos de financiación legal alternativos. La financiación de litigios por terceros es perfectamente compatible con el derecho uruguayo y ofrece una respuesta concreta a las necesidades de liquidez, reparto de riesgo y sostenibilidad financiera en litigios complejos. Loopa, con experiencia internacional y enfoque estructurado, llega a Uruguay para financiar casos con mérito, acompañar a estudios jurídicos y empresas en procedimientos estratégicos y contribuir al acceso real y efectivo a la justicia. Porque en Uruguay, como en toda América Latina, litigar con solidez también requiere respaldo económico.
